El decaimiento del sector del ladrillo en las islas y en el conjunto del Estado también se ha trasladado a las promotoras y a los proveedores de materiales.
Empresas de prefabricados, suministradores de puertas y ventanas y al menos tres inmobiliarias de propietarios diferentes se encuentran en situación de insolvencia.

La última sociedad constructora sobre la que se ha establecido un concurso necesario se halla afincada en Llucmajor. En general domina la disparidad de procedencias: hay mercantiles deudoras de Inca, sa Pobla, Palma o Alcúdia.

Sin casos tan estruendosos como el de la firma valenciana Llanera, que debe 432,65 millones de euros a una treintena de cajas de ahorros y bancos, Mallorca se ha visto sobresaltada por algún caso de cierta relevancia. Así ha ocurrido con Seguí Munar e Hijos S.L., de Sa Pobla, e Inversiones Urbanas Mallorquinas, de Esporles, con pasivos declarados de 7 y 17 millones de euros, respectivamente.

Durante el año que acabamos de inaugurar, la construcción lastrará el crecimiento de la economía balear. Ya lo advirtió el Conseller de Economía, Carles Manera, quien pronosticó un retroceso de la actividad. Desde el Ejecutivo balear se observa sin sobresaltos esta desaceleración. Consideran que el desvío de recursos desde otros sectores hacia el ladrillo, y en concreto hacia la edificación residencial, hace menos eficiente a la economía balear y deja sin inversión a otros ámbitos.

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Diario de Mallorca

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