Dos temas muy relacionados han sido tratados en Euribor Blog la semana que dejamos atrás. Por una parte hemos criticado a los bancos por su política disparatada de riesgos a la hora de conceder una hipoteca.

Los gestores de las entidades financieras que han arriesgado más dinero de sus depositantes de lo prudente en la concesión de hipotecas de lato riesgo, los políticos que han metido sus zarpas en los consejos de administración de las cajas, los reguladores bancarios que no han hecho bien su trabajo, ¿van a responder por ello?

Desde luego las familias que han perdido su hogar y han sido expulsados del sistema han respondido de sus errores, con todos sus bienes presentes y futuros. Ha llegado la hora de hablar claro y dejar de engañar a la opinión pública. Hay personas y dentidades que deben responder de sus errores, no sólo los ciudadanos.

El derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución no es tanto derecho como pueda parecer. Concretamente el artículo 47 reza:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Lamentablemente este precepto no es de aplicación directa, y es un mero principio rector sin eficacia práctica hasta que se plasma en las diferentes leyes.

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