Cristina Borrallo Férnandez, abogada cuya juventud parece incompatible con su ya profundo conocimiento jurídico, analiza en iAhorro los pros y los contras de la reciente reforma hipotecaria aprobada en solitario por el P.P.
Admito que aún no me he leído en profundidad la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Prometo hacerlo y criticarla como se merece. Que la tutela de los bancos en su elaboración es más que evidente.
Del artículo La reciente reforma hipotecaria, por Cristina Borrallo, os dejo las críticas a la norma, invitándoos a leer el texto con calma y atención, que merece la pena:
Sin duda, es un buen avance legislativo en cuanto a varios aspectos que necesitaban adaptación social, pero sin embargo, hay algunos temas que siguen sin desarrollarse profundamente:

  1. La ley no altera el procedimiento de ejecución hipotecaria, simplemente paraliza el lanzamiento.
  2. No se desarrolla la dación en pago, y mucho menos, la obligatoria. Sigue contemplándose ésta como una posibilidad de adhesión voluntaria para las Entidades de Crédito al Código de Buenas Prácticas.
  3. En cuanto a las causas de oposición al procedimiento de ejecución hipotecaria, y pese a modificarse superficialmente el artículo 695 de la LEC, siguen sin tener contenido sustancial y real, es decir, no existen causas más allá de las puramente formales. Si que es cierto, que la abusividad de algunas cláusulas puede ocasionar que se decrete la suspensión del procedimiento.
  4. No se establece un sistema de segunda oportunidad. Por lo tanto, seguimos anclados en la responsabilidad patrimonial universal del deudor, a pesar de que se aumenta el porcentaje de subasta (que hará que el deudor cargue con menos deuda tras la ejecución) y se establece un mandato al Gobierno para el desarrollo de la vivienda social.
En el siguiente vídeo, de diciembre de 2013, comenta las opciones que tiene un deudor hipotecario con problemas:

Es una reforma tardía, ocasionada ya no sólo por la necesidad flagrante de un colectivo social hartamente perjudicado por la crisis económica sino por el toque de atención desde Europa tras las Sentencia del Tribunal Europeo de fecha 14 de marzo de 2013.
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