El inversor que contrató participaciones preferentes con la información necesaria y la formación mínima para entender esta información (dos condiciones, repito), ha asumido un riesgo a cambio de una rentabilidad esperada y en el caso de las entidades financieras intervenidas, ha perdido.
Sin embargo hay una legión de ahorradores particulares que o bien se les informó de forma insuficiente (incluso se les engañó) o no eran capaces de entender el riesgo que asumían. A esta gente la Administración debería ayudarles poniendo los medios jurídicos y técnicos necesarios para dirimir responsabilidades y castigar a bancos, banqueros y bancarios en su caso.
La CNMV y el Banco de España deberían ofrecer esta ayuda y ejercer su función de inspección, caso por caso. Si se acabase demostrando la venta inadecuada, el cliente no paga nada y se le devuelve su dinero. En caso contrario, el ahorrador pagaría parte o el total del servicio jurídico proporcionado.
Y los responsables del engaño o mala praxis, cuando la haya, serían debidamente castigados.
Pero vivimos en España y los bancos mandan más sobre los políticos que los ciudadanos. Al menos hasta que despertemos.
La última reforma financiera deja en la estacada a los actuales tenedores de preferentes, y sólo intenta evitar que se vuelva a producir en el futuro. Impensable en un país moderno esta dejación de funciones del Gobierno, en mi opinión.
En la web oficial de Futur Finances hemos explicado con detalle lo que ocurre con las participaciones preferentes tras la reforma, por si es de vuestro interés profundizar sobre el tema.
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