El inversor que contrató participaciones preferentes con la información necesaria y la formación mÃnima para entender esta información (dos condiciones, repito), ha asumido un riesgo a cambio de una rentabilidad esperada y en el caso de las entidades financieras intervenidas, ha perdido.
Sin embargo hay una legión de ahorradores particulares que o bien se les informó de forma insuficiente (incluso se les engañó) o no eran capaces de entender el riesgo que asumÃan. A esta gente la Administración deberÃa ayudarles poniendo los medios jurÃdicos y técnicos necesarios para dirimir responsabilidades y castigar a bancos, banqueros y bancarios en su caso.
La CNMV y el Banco de España deberÃan ofrecer esta ayuda y ejercer su función de inspección, caso por caso. Si se acabase demostrando la venta inadecuada, el cliente no paga nada y se le devuelve su dinero. En caso contrario, el ahorrador pagarÃa parte o el total del servicio jurÃdico proporcionado.
Y los responsables del engaño o mala praxis, cuando la haya, serÃan debidamente castigados.
Pero vivimos en España y los bancos mandan más sobre los polÃticos que los ciudadanos. Al menos hasta que despertemos.
La última reforma financiera deja en la estacada a los actuales tenedores de preferentes, y sólo intenta evitar que se vuelva a producir en el futuro. Impensable en un paÃs moderno esta dejación de funciones del Gobierno, en mi opinión.
En la web oficial de Futur Finances hemos explicado con detalle lo que ocurre con las participaciones preferentes tras la reforma, por si es de vuestro interés profundizar sobre el tema.
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