Es de sobra conocido que el Gobierno habilitó, en los Presupuestos Generales del Estado, una partida presupuestaria de 2.988 millones de euros para hacer frente al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se aprobó en junio de 2020. Con esa cantidad, el Ejecutivo pensaba auxiliar a unos 2,3 millones de personas, que conformarían unos 850.000 hogares que se encontrarían, debido a la pandemia del Covid-19, en una situación de asfixia económica.
Lo que ha venido sucediendo desde la aprobación del IMV ha sido una ralentización exasperante del proceso de aprobación de dicha ayuda. Es más, en los casos en los que se ha contestado con una denegación, ésta ha sido basada en criterios que, si bien están amparados por la ley, ya nacieron mal planteados o directamente, erróneos. Un ejemplo controvertido es el caso de aquellas solicitudes que se deniegan debido a que se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar el año anterior a la entrada en estado de alarma, cómo si ello fuese relevante en este caso.
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