Imagina que quieres comprar una casa y necesitas una hipoteca. Pero, ¿Cómo encontrar la mejor opción? ¿A qué banco acudir? ¿Qué condiciones buscar? Aquí es donde entra en juego el experto en hipotecas, el bróker hipotecario.
La Ley 5/2019 nos presenta el marco que regula su actividad y responsabilidades como “intermediario de crédito inmobiliario”. Pero, ¿Qué significa esto y cómo nos afecta a nosotros como consumidores? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!
Una cuestión controvertida tras la publicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha sido la obligatoriedad del intermediario de crédito inmobiliario de presentar 3 ofertas vinculantes al consumidor. Que la Ley 2/2009 se dejara como supletoria vino a complicar aún más el análisis jurídico, alargando un riesgo jurídico de operar en este mercado.
Si bien vamos a comentar una sentencia de primera instancia, lo que supone que el recorrido judicial hasta llegar al Supremo aún no se ha producido, no es menos cierto que estamos ante una decisión en sede judicial pionera que puede marcar el rumbo del asunto. Concretamente del JPI núm. 63 de Madrid, que ya hemos comentado en relación al derecho de desistimiento.
Cristina Borrallo, socia directora del despacho de abogados y economistas Futur Legal nos ha hecho llegar una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 63 de Madrid de abril de 2023, interpuesta por un consumidor contra un intermediario de crédito inmobiliario, que nos será muy útil para analizar una interpretación en sede judicial del derecho de desistimiento y de la obligatoriedad de las 3 ofertas vinculantes (analizada en el artículo que hemos enlazado), tras la Ley 5/2019.
Hace ya tiempo que la figura del bróker hipotecario suena con fuerza, y de cada vez más dado lo complejo del mundo hipotecario. Ahora bien, también es cierto que hay mucha gente que no sabe qué es, qué hace exactamente o de donde emana esta figura legal. En definitiva, qué es un bróker hipotecario.
Aunque se les conoce como brókeres hipotecarios, su figura legal es la de Intermediarios de Crédito Inmobiliario. Así lo establece la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Mañana me han invitado a participar en una mesa redonda titulada Financiación hipotecaria: conoce los efectos de la nueva regulación en el marco de la Expo Financial 2019 organizada por la Asociación Profesional de referencia de los Asesores Financieros Independientes y de los Peritos Judiciales (AIF). Junto a ponentes del nivel de Fernando Zunzunegui, Santos González (Presidente de la AHE) y Carlos Muñoz, debatiremos sobre la nueva Ley 5/2019 y su desarrollo reglamentario con el Real Decreto 309/2019. Mi aportación será analizar y discutir como afecta esta nueva normativa, junto a la supletoria Ley 2/2009 a la figura del broker hipotecario a partir del 16 de junio de 2019.
Veremos el modelo de Ficha Europea de Información Normalizada o FEIN que establece la Ley 5/2019 en su Anexo I, que substituirá a la FIPER a partir del 15 de junio de 2019. Pese a que en la disposición transitoria cuarta se dice que la FIPER solo puede ser utilizada hasta el 21 de marzo de 2019, lo cierto es que la interpretación del notariado es que, en aras de la seguridad jurídica, hay que ajustarse a la disposición final decimosexta, que contempla que la Ley 5/2019 entra en vigor a los 3 meses de su publicación.
La Ley 5/2019 que regula los contratos de crédito y préstamo inmobiliario concedidos a personas físicas con la garantía hipotecaria de un inmueble de uso residencial trata en su disposición adiciona tercera de la educación financiera.
En este artículo veremos cómo se regula la educación financiera relacionada con la contratación de un préstamo hipotecario y si lo que establece la norma puede ayudar a que los prestatarios aprendan a contratar hipotecas con la responsabilidad que precisa una decisión financiera tan importante y con una complejidad mucho mayor a la percibida por un cliente medio.
En este décimo artículo resumiendo la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario veremos cómo se regula a los prestamistas inmobiliarios, figura definida en la reciente norma como toda persona física o jurídica que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de los préstamos cuando el prestatario, fiador o garante sea una persona física y el préstamo o crédito hipotecario tenga como garantía una hipoteca sobre un inmueble de uso residencial.
Lo que comentaremos en este artículo respecto a los prestamistas inmobiliarios no se aplica a las entidades de crédito, a los establecimientos financieros de crédito ni a las entidades de dinero electrónico, solo a los prestamistas privados. Por tanto, a efectos de este resumen, un prestamista privado es un prestamista inmobiliario distinto a los bancos y figuras afines.
Los servicios relacionados con la intermediación hipotecaria cuyos clientes sean personas físicas y la hipoteca se constituya sobre un inmueble de uso residencial se rigen por la recién aprobada Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
En este artículo veremos que información previa a la prestación de cualquier servició de intermediación hipotecaria debe entregarse al potencial cliente, en papel o en cualquier otro soporte duradero.
Siguiendo nuestro resumen de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario o LRCCI vamos ahora a centrarnos en la figura de las inmobiliarias y su regulación cuando entre sus servicios ofrecen un asesoramiento hipotecario y la gestión de expedientes hipotecarios, actuando como un intermediario de crédito inmobiliario.
Mi experiencia en el sector me indica que, normalmente, el personal de una inmobiliaria no tiene los conocimientos suficientes para asesorar a sus clientes en materia hipotecaria. Es más, entra en un claro conflicto de intereses, ya que lo que interesa a la inmobiliaria es que se venda el activo inmobiliario y cobrar su comisión, no que el hipotecado contrate la mejor hipoteca adaptada a sus necesidades y objetivos. Veamos si el legislador lo ha tenido en cuenta a la hora de legislar respecto a las empresas inmobiliarias.
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