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De 45 cajas de ahorros a comienzos de 2012, hemos pasado a 12 entidades o grupos de entidades. Esta concentración no tendría por qué haber sido mala, si se hubiera hecho con criterios técnicos y no políticos.

En relación a la reducción de recursos comerciales y humanos, con una red de sucursales al inicio de la crisis claramente sobredimensionada, decir que han cerrado 7.852 oficinas (el 33,9% del total)  y han dejado de trabajar en el sector 36.644 empleados (29,5% del total de trabajadores en cajas de ahorro), con datos proporcionados por la CECA de 31 de diciembre de 2013.

Una reforma de un sector como el de cajas de ahorros puede ser para fortalecerlo, con liquidación ordenada de las entidades insolventes, agrupación de las menos buenas con las mejores (cediendo la dirección a las de éxito y sin duplicar cargos, todo lo contrario), cambios en las normas de gobierno para impedir injerencias políticas o nuevos modelos de negocio financiero, todo ello implementando un plan estratégico consensuado por los principales partidos políticos, con la intervención de expertos del sector e independientes, o lo que se ha hecho: una castaña muy cara que acabaremos pagando todos.

Esta rotunda afirmación requiere de una explicación técnica, para no limitarse a una mera expresión demagógica. Que en la confección de la hoja de ruta no han participado expertos independientes a los propios banqueros creo que es evidente. Aparte de porque no han participado, salvo que lo hayan hecho de forma secreta, lo cual dudo, por la evidente relación o connivencia de los reguladores con el poder político, con múltiples ejemplos, siendo tal vez el más significativo el fichaje de José María Roldán como presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB).

Que la planificación de las medidas a tomar para reestructurar el sector de las cajas de ahorro no ha sido pactado por una mayoría de partidos políticos, lo sabemos todos. La utilización masiva del Real Decreto-Ley, por una parte, además de la utilización de las mayorías en la elaboración de la única Ley aprobada por el momento (la Ley 8/2012 que establece mayores provisiones para el riesgo de las promociones y suelo), ha hurtado el debate parlamentario y la opinión de los ciudadanos. Finalmente se ha aprobado la Ley 26/2013, que limita la actuación de las cajas de ahorro en materia financiera, establece un régimen de incompatibilidades para evitar la exagerada, injerencia política, patronal y sindical en la gestión, además de obligar a las cajas a transformarse en fundaciones bancarias y traspasar su actividad financiera a una entidad de crédito (banco privado, en definitiva) si el valor de su activo excede de 10.000 millones o si su cuota de mercado en los depósitos de su CC.AA. supera el 35%. En otras palabras, en lugar de tomar estas medidas al principio de la crisis, se toman al haberse ya ejecutado de forma cuestionable la mayor parte del rescate al sector.

Un rescate a las cajas de ahorros, ciertamente, pero también a los bancos tocados y sanos, como intentaré explicar a continuación, que podría suponer hasta 219.397 millones de euros si todo fuera mal, según cálculos de Gurusblog basados en datos oficiales.

Tengamos en cuenta que de inyecciones directas de capital a las cajas de ahorro llevamos 59.130 millones de euros (de los cuales 1.645 corresponden a BMN, entidad en la que se ha integrado SaNostra), pero además se han dado Esquemas de Protección de Activos a los bancos sanos que se han adjudicado cajas rescatadas por un importe de 28.267 millones de euros. Por otra parte, el capital aportado por el FROB más la deuda garantizada por el Estado al ‘banco malo’ o Sareb suponen 48.546 millones más (que se perderían solo en caso de que no se recuperara ni un euro, escenario muy poco probable). De la creación de la Sareb no solo se benefician los bancos insanos, que cedieron sus activos tóxicos a cambio de un precio de transferencia generoso, sino los bancos sanos accionistas, que ven como la competencia por vender inmuebles se puede controlar desde allí. La estrategia es simple, evitar que la Sareb venda barato, para que no caigan de golpe los precios y poder vender antes los pisos que tienen los bancos; ¿es o no una ayuda indirecta a los bancos?

Pero es que hay más, en dos partidas que el público en general desconoce, 19.342 millones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y 64.112 millones de emisiones de deuda viva de los bancos avaladas por el Estado (que no parece que vayan a impagarse, pero la ayuda al avalar está y tiene un coste).

Es más, hay unos 30.000 millones en activos fiscales diferidos que los bancos van a poder descontarse de los posibles pagos de impuestos futuros, en hasta 18 años. Y en caso de liquidación, el Estado respondería de éstos (esta cifra no la hemos tenido en cuenta a la hora de cifrar el importe del rescate y diversas ayudas al sector, que incrementaría aún más la factura).

Si de nuestro entorno hablamos, queda una de las dos únicas cajas de ahorro que gestionan directamente su negocio financiero en España: Colonya, Caixa de Pollença. Una entidad que, básicamente, no ha cometido los excesos del resto de compañeras, manteniendo la esencia de lo que deberían haber sido las cajas: entidades no privadas que captan ahorros de los habitantes de la zona en que operan, para dedicar estos recursos a financiación productiva de la zona y los beneficios a la obra social. Una función vital que, hoy en día, pretéritas cajas como ‘SaNostra’ ya no pueden hacer.

Parte del artículo publicado en la revista Gran Empresa que puedes leer completa aquí, en páginas 38 y 39: