Reforma del sistema de pensiones públicas

El diario digital 65ymás.com ha publicado un interesante artículo de Pepa Montero titulado ‘El acuerdo del Pacto de Toledo no resuelve la sostenibilidad de las pensiones, según los expertos‘ en el que diversos expertos desgranan la problemática e ineficiencia del acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo en cuanto a las pensiones públicas se refiere. La revalorizaciones de las pensiones en base al IPC es una de las novedades principales de este acuerdo, que si bien parece garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, puede dejar en jaque la tesorería de la Seguridad Social.

Entre los expertos citados por 65ymás.com, figura el CEO de Futur Finances y Futur Hipotecas, Pau A. Monserrat, que lleva tiempo analizando el futuro de las pensiones en este blog.

Parece bastante claro que el acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones públicas hace aguas por bastantes lados y no solventa de manera definitiva ni firme ninguno de los grandes problemas a los que se enfrenta, maxime con la destrucción de empleo y tejido empresarial generada por la pandemia.

María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, ha manifestado que «el acuerdo al que se ha llegado no afronta en absoluto el problema al que nos vamos a enfrentar, lo que han hecho es taparse los ojos y seguir adelante. Para decidir lo que han decidido, lo podían haber hecho en una tarde. No hay ninguna medida de calado que vaya encaminada a reducir del déficit».

Por otra parte, tal y como señala José Antonio Herce, economista y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions), «De las 21 recomendaciones que contiene el informe, no hay ni una sola de calado cuyo balance sea estabilizar el sistema y garantizar las pensiones. La mayoría van a perjudicar de alguna u otra manera la sostenibilidad.

Me da la impresión de que el balance que se puede hacer de esas recomendaciones, una vez trasladadas a una posible reforma de las pensiones, no va a ser bueno». «Otra cosa bien diferente es la posible creación de un fondo de pensiones de empleo con garantía pública, que se propone el ministro Escrivá, en paralelo al Pacto de Toledo, y que sí tendría una enorme repercusión positiva. Pero, para valorarlo, es preciso conocer todos los detalles y saber cuál es la posición del organismo competente, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (dependiente de Economía), y qué dice la Agencia Tributaria», detalla Herce.

También coincide en esta línea José Enrique Devesa Carpio, investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, quien considera que únicamente hay dos medidas medianamente relevantes: «no hay medidas de mucho calado, excepto dos: la revalorización con el IPC, con lo cual si no se toman otras medidas complementarias dará lugar a un déficit ‘contributivo’ permanente; y los denominados gastos impropios, que se puede convertir en un cajón de sastre donde vaya acabando todo lo necesario para que desaparezca el déficit por operaciones no financieras del sistema»

La elección de los años cotizados, una novedad contraproducente

Mariano Jiménez Lasheras, presidente de la Asociación de Consultores de Pensiones, OCOPEN, opina que «esta medida podría estar justificada, en el caso de que se alargara más allá de 25 años el periodo de cálculo de la vida laboral. Pero como se mantienen los 25 años que serán preceptivos en 2022, creo que permitir que se elijan las mejores bases de cotización, va en contra del necesario equilibrio actuarial que debería tener el sistema».

Por su parte, Pau A. Monserrat, economista y profesor asociado de la UIB, tampoco se muestra nada optimista respecto a las propuestas de «reforma» del sistema de pensiones públicas, ya que según él, estas medidas adoptadas en el Pacto de Toledo ya se hubieran quedado cortas sin la pandemia, siendo ahora, con una terrible crisis en ciernes, más insuficientes si cabe. «Estamos ante una crisis económica de dimensiones extraordinarias, de caída de los ingresos de la Seguridad Social y un gasto desbordado, que hará que muchas de las medidas acordadas queden sin aplicación práctica, porque faltarán recursos para financiarlas», asegura Monserrat. Además, y siguiendo la misma línea, «traspasar gastos impropios de la Seguridad Social al Estado significará más impuestos, y si en vez de financiar el sistema con préstamos se hace mediante transferencias, también significará más impuestos, en un momento en el que superar la pandemia hace casi imposible aumentar la recaudación impositiva».

Pau Monserrat también advierte de la importancia de realizar una reforma integral de los fondos de pensiones privados para que puedan funcionar como sistema de ahorro de cara a la jubilación de una manera eficiente.

Los autónomos, un pequeño balón de oxígeno

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aprueba la recomendación del Pacto de Toledo para que la cotización por ingresos reales de autónomos sea una objetivo y no una imposición. Amor considera apropiado que el nuevo sistema de cotizaciones por los ingresos reales se implante de una manera gradual y atendiendo a las grandes diferencias y singularidades de los diferentes colectivos. Así mismo, también ve de manera positiva que las pensiones pasen a referenciarse con el IPC, ya que eso garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas.

Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios financieros ASUFIN, es optimista a la vez que un poco escéptica con esta nueva medida: «una buena noticia, relevante no solo para las personas mayores, sino para las generaciones venideras. Y desde luego, el incremento de la pensión referenciado al IPC es una medida positiva para el bolsillo de los pensionistas, porque así no se pierde nivel adquisitivo. Aunque no sería la primera vez que no se ponen de acuerdo en el método de cálculo y nos hacemos trampas al solitario».

Los sindicatos, a favor de derogar la reforma de 2013

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO aboga por que «estas recomendaciones del pacto deben ir acompañadas de un proceso de negociación sincero, efectivo y eficaz entre el Gobierno y la patronal. Debemos alcanzar un acuerdo que supere la reforma de 2013». Según Bravo, es indispensable que Gobierno y los representantes sociales inicien las negociaciones para la reforma del plan de pensiones cuanto antes.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad de UGT, Mari Carmen Barrera, también aboga por la negociación de la condiciones y propone que «este primer acuerdo parlamentario debe ir seguido de forma rápida de un diálogo social que permita completar el marco de gobierno participado para el sistema de pensiones, de forma que podamos pasar a la derogación efectiva de la reforma del 2013 y concretar las medidas que conseguirán terminar con el definir de la Seguridad Social dentro de esta legislatura».

Recomendaciones sobre el sistema de pensiones públicas

Estas son las 24 recomendaciones que se han alcanzado en el Pacto de Toledo para garantizar y equilibrar el sistema de pensiones español:

  1. Se reconoce a la Seguridad Social como «columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada».
  2. Rechazo a una «transformación radical del sistema» que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o equidad.
  3. No ve adecuado separar el sistema de pensiones públicas en función del tipo de prestación.
  4. La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones, así pues, las pensiones no contributivas correrán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
  5. La fuente básica para financiar las pensiones son las cotizaciones, pero se podrán obtener recursos adicionales «basados en la imposición general».
  6. Asunción de que las políticas de empleo explican «en buena medida el déficit existente» y que las cotizaciones soportan gastos que «deberían ser asumidos por el Estado».
  7. En cuanto a los gastos impropios, los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.
  8. Establecimiento de un calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta el año 2023.
  9. Estudio pormenorizado sobre qué se ha asumido indebidamente con el fin de tener «una imagen fidedigna» de la Seguridad Social.
  10. Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
  11. Revalorización de las pensiones con arreglo al IPC real.
  12. Aquellas subidas por encima del IPC se financiará con otros recursos.
  13. Mantener los 15 años como el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.
  14. Asumir la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.
  15. Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (con el fin de evitar lagunas de cotización).
  16. Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.
  17. Aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal.
  18. Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal, con una valoración positiva de compatibilizar pensión y salario.
  19. Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.
  20. Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.
  21. Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.
  22. Preferencia por los planes de pensiones a partir de la negociación colectiva, a poder ser, sin ánimo de lucro.
  23. Mejoras fiscales y jurídicas para los sistemas complementarios de pensiones y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales «más vulnerables».
  24. Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos».

En definitiva, un pacto cargado de buenas intenciones pero que según muchos expertos, pone en peligro la viabilidad y estabilidad del mismo sistema de pensiones públicas. Además, estas medidas llegan en un momento de extrema complejidad para la economía española, que ya se encuentra inmersa en una crisis que ahondará todavía más la brecha entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por pensiones. Queda por ver todavía qué medidas exactas y concretas se toman para poder llevar a cabo estas recomendaciones sin poner en peligro el futuro del sistema de pensiones públicas español.

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