Es de sobra conocido que el Gobierno habilitó, en los Presupuestos Generales del Estado, una partida presupuestaria de 2.988 millones de euros para hacer frente al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se aprobó en junio de 2020. Con esa cantidad, el Ejecutivo pensaba auxiliar a unos 2,3 millones de personas, que conformarían unos 850.000 hogares que se encontrarían, debido a la pandemia del Covid-19, en una situación de asfixia económica.

Lo que ha venido sucediendo desde la aprobación del IMV ha sido una ralentización exasperante del proceso de aprobación de dicha ayuda. Es más, en los casos en los que se ha contestado con una denegación, ésta ha sido basada en criterios que, si bien están amparados por la ley, ya nacieron mal planteados o directamente, erróneos. Un ejemplo controvertido es el caso de aquellas solicitudes que se deniegan debido a que se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar el año anterior a la entrada en estado de alarma, cómo si ello fuese relevante en este caso.

Por otra parte, miles de personas que sí cumplen los requisitos de esta controvertida ley tampoco han obtenido respuesta, estando su expediente «en estudio» desde hace 10 meses en algunos casos, engrosando día a día las colas de los comedores sociales.

En el último Observatorio de Deuda publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta organización pone en duda la viabilidad del plan del Gobierno en cuanto al IMV y se enfatiza en la lentitud de la tramitación administrativa, así como la existencia de muchos defectos de origen que hace que se denieguen solicitudes a personas que también deberían recibir dicho ingreso.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que el ritmo actual de aprobación de las peticiones es claramente insuficiente y que de ningún modo tendrá los efectos deseados de paliar y auxiliar a la masa poblacional que necesita de dicho ingreso de manera perentoria y no llegará, si las aprobaciones siguen a este ritmo, a tener un efecto eficaz en su lucha contra la pobreza.

La AIReF

El objeto principal de este organismo público, que nació en 2014, es el de velar por la sostenibilidad y equilibrio de las finanzas públicas con el fin último de garantizar el bienestar de la sociedad española. Para ello, la AIReF cuenta con un equipo de expertos que se dedica a analizar los factores económicos y con ello, publica informes, estudios y opiniones de manera periódica. Funciona de manera totalmente independiente en el desarrollo de su actividad supervisora e informativa, no pudiendo ninguno de sus miembros recibir o pedir instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

A la hora de rendir cuentas sobre la actividad de este organismo, su presidente comparece ante el Parlamente al menos una vez al año, aunque se contemplan diversas comparecencias anuales en aras de una política de supervisión y transparencia.

Ni el 25% de la población necesitada

En el mes de marzo de 2021, el Ingreso Mínimo Vital ha sido cobrado por 203.838 hogares en los que viven un total de 565.000 personas, por un importe total de 152 millones de euros mensuales. Esta cifra no representa ni siquiera el 25% de la cantidad que el Ejecutivo estimó en su momento necesaria para hacer ese muro de contención contra la pobreza sobrevenida a tantos españoles, cifrada en 3.000 millones de euros. Para ello, el gasto mensual debería doblarse con respecto al que ha habido en marzo, hasta alcanzar los 300 millones de euros, según apunta en su informe la AIReF.

En cuanto al número de solicitudes presentadas, desde el inicio el año pasado hasta finales del pasado mes de marzo se han recibido un total de 1,15 millones de solicitudes, de las cuales se han denegado unas 600.000, 200.000 tramitadas y otras 300.000, aproximadamente, están «pendientes de tramitación». Si tenemos en cuenta que las primeras solicitudes llevan ya 9 meses de espera, queda patente que la implantación del IMV está siendo un auténtico fracaso.

Ya nació con muchas lagunas incomprensibles pero, además, está experimentando un retraso en la gestión, tramitación y concesión que agrava todavía más la precaria situación de los cientos de miles de personas que se aferran a esta ayuda como único medio para sobrevivir.

La que se avecina

Con todos estos datos sobre la mesa, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deja claro el fracaso del Gobierno a la hora de agilizar y acertar con los criterios a la hora de aprobar de una manera eficaz y rápida el IMV, dejando en jaque a un elevado porcentaje de la población española. En el mejor de los casos, la AIReF estima que, de los 3.000 millones de euros dotados para el IMV, a lo sumo se emplearán la mitad, unos 1.500 millones. Así mismo, la Autoridad prevé que, si el proceso de gestión y tramitación sigue a este ritmo, para cuando el IMV llegue a todos los hogares que tienen derecho legal al mismo, la economía española y de la eurozona ya se encontrará en un avanzado estado de recuperación.

En definitiva, esta ayuda ya nació mal diseñada, con unos criterios poco realistas y muy alejados de las situaciones que viven las personas de a pie. No puede ser que se deniegue el Ingreso Mínimo Vital a una familia que se ha quedado sin ingresos sólo por el hecho que el año anterior hubieran estado trabajando y con un sueldo medio o medio-alto, no tiene sentido ni lógica alguna.

De igual modo, denegar la prestación a una persona por el simple hecho de ser administrador de una pequeña SL quebrada en la anterior crisis, dada de baja en Hacienda y Seguridad Social, pero no en el Registro mercantil es poco menos que un disparate.

Tengamos al menos la esperanza que este «toque» dado por la AIReF al gobierno español en modo de informe sirva para que éste aplique medidas urgentes de carácter corrector, tanto para acelerar el proceso de tramitación y asignación del Ingreso Mínimo Vital, como para la subsanación y modificación de los errores a la hora de designar los criterios para la aprobación o no del ingreso.

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