Un «escudo social» mejorable y limitado

El «escudo social» parece más una protección de juguete que una defensa para enfrentar la más cruenta guerra jamás librada en España y en el mundo. Batalla sanitaria y económica especialmente cruenta en las Illes Balears, la CC.AA. más vulnerable a una crisis de movimientos en la que nuestro país desciende al infierno de partida de la OCDE.

La primera prioridad de todo gobierno ante una crisis como la actual ha de ser, indiscutiblemente, proteger a las familias de los efectos más dañinos a corto plazo, sin olvidar horizontes futuros. Poder alimentar a los nuestros, tener un techo en el que protegernos de las inclemencias diarias, acceso a una sanidad en condiciones y una educación de calidad. Sin olvidarse de los trabajadores, autónomos y directivos de las empresas públicas y privadas que generan la riqueza y el empleo que, con el permiso de los robots, se precisa para prosperar en sociedad.

El vicepresidente segundo Pablo Iglesias, tras el Consejo de Ministros del 7 de julio en el que se prorrogaron varias medidas sociales, señaló que «este Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable y limitado, pero sin precedentes en la historia de este país». Excusatio non petita, accusatio manifesta. Si los propios responsables aceptan la imperfección y la limitación de unas medidas que deben ser lo perfectas y ambiciosas que la devastadora crisis económica reclama, mal empezamos. Un escudo social o bien protege adecuadamente a todos los asediados, o no se merece tal nombre. O uno más modesto, como tirita social.

La medida estrella para paliar los efectos en la renta de los trabajadores y aumentar las posibilidades de supervivencia de las empresas es, sin duda alguna, la figura del Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Una «congelación» laboral en la que las Illes Balears tiene el peor récord; con datos del 10 de agosto proporcionados por el ministro José Luis Escrivá en su perfil de Twitter, un 75% de los trabajadores en ERTE por fuerza mayor se habían activado. En Illes Balears, solo un 57% de los trabajadores congelados se habían incorporado a su puesto de trabajo. La espantada turística de los países emisores no augura mejoras en los próximos meses. Alargar los ERTE supone un coste relevante en la ya depauperadas finanzas públicas; la Comisión Europea (marco SURE) ha dado el visto bueno a un préstamo a 15 años «en condiciones ventajosas» de 21.324 millones de euros solo para que nuestro Reino pueda hacer frente a los primeros 6 meses de ERTEs. Además, este tipo de ayuda, directa al bolsillo del trabajador, indirecta para la empresas, tiene un riesgo: alargar la vida a empresas cuyo trayecto no tiene visos de llegar a orilla alguna.

El Ingreso Mínimo Vital es otra imprescindible medida mal ejecutada (74.119 familias con expediente aprobado a mitad de agosto de 750.000 solicitudes) y con una ambición timorata (unos 3.000 millones anuales).

No hablemos de ayudas al alquiler vía crédito que no se solicitan al no querer los arrendatarios endeudarse para pagar un alquiler sin viabilidad, las ayudas imposibles para autónomos o la injusta encrucijada de los padres trabajadores y sus hijos ante un positivo Covid-19.

Necesitamos un verdadero escudo social, pero también una buena espada que nos permita afrontar la madre de todas las batallas. Y solo la colaboración público-privada de las mentes más notables puede forjar los utensilios de guerra precisos. Eso y el ardor guerrero de toda la población, que tiempos aciagos nos han tocado vivir.

Artículo original publicado en El Económico de Ultima Hora.