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Estimada Laura,

El contrato temporal, después de los ajustes que han hecho las entidades con motivo del covid, impide financiar más del 80% del valor de compra, y por tanto será necesario incorporar fiadores en la operación que corrijan la estabilidad laboral.

Aun existen en el mercado algunas entidades que pueden llegar al 80% del valor de compra siempre y cuando no exista un ERTE en la misma o sea una actividad de riesgo para la entidad bancaria. El hecho de que se aporten con fondos propios el 20% más los gastos de la compraventa es un indicador para la entidad de que el cliente está poniendo de su parte y va a tratar de pagar la cuota correctamente.

Santiago Cruz, CEO en Ibercredit.

A la espera de que alguno de nuestros expertos en fiscalidad te responda, una referencia a los acuerdos extrajudiciales que he analizado de Bankinter: suelen ofrecer un 50-60% del perjuicio real que tendrán que devolver si se les condena en costas, algo muy probable si tu caso es habitual. Ten en cuenta que el perjuicio total es la suma de: cantidades pagadas de más cada mes, reducción de la deuda pendiente, comisiones de tipo de cambio e intereses legales de la diferencia entre las mensualidades pagadas y las que habrías pagado de contratar la hipoteca en euros (ver artículo sobre la forma de calcular el perjuicio financiero de una hipoteca multidivisa). Tiene sentido pactar un acuerdo extrajudicial solo si:

• Hay posibilidades de perder la demanda, algo que debe valorar tu abogado.
• Tienes problemas de pago y necesitas una solución rápida.
• Has hecho números del perjuicio económico que te tendrían que devolver y lo que te ofrecen y aceptas perder dinero a cambio de un acuerdo rápido.

En otro caso, raramente tiene sentido llegar a este tipo de acuerdos extrajudiciales.

Sí, puede perfectamente continuar la deducción pero siempre con el límite de la cantidad pendiente de amortizar de la hipoteca, no si solicita más cantidad. Así lo declaran diferentes Resoluciones Vinculantes de la Dirección General de Tributos como la V2644-17 de 18 de octubre de 2017 que señala que: “las anualidades (cuota de amortización e intereses) y demás cuantías que se satisfagan por el nuevo préstamo -en su constitución, vida y cancelación-, en la parte proporcional que del capital obtenido en este sean atribuibles a la amortización o cancelación del préstamo originario -habiéndose este primero destinado exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual-, incluida en su caso la cancelación registral hipotecaria, darán derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, formando parte de la base de deducción del periodo impositivo en que se satisfagan, siempre que se cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos“.

Apreciado Antonio,

En el caso que nos plantea estaríamos hablando de una extinción de la copropiedad que deberá realizarse ante Notario.

Respecto a los gastos que devenga dicho acto jurídico consistirán en la factura de Notario, el impuesto de actos jurídicos documentados y la factura del Registro de la Propiedad.

Atentamente le saluda,

Marina Mulllor, abogada de Futur Legal.

Apreciado Albert,

Cuando hablamos del Código de Buenas Prácticas bancarias debemos tener presente la finalidad con la que se estableció, que era la de facilitar y promover la implicación del sector financiero español en el esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias.

El Código incluye tres fases de actuación:

La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización.

En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

En su consulta usted nos plantea si se puede renovar dicho código; en su caso deberíamos analizar en cuál de las mencionadas fases se encuentra usted para saber si la entidad, de forma potestativa, podría ofrecerle una quita o bien plantearse la dación en pago.

Atentamente le saluda,

Marina Mullor, abogada de Futur Legal.